Las Defensoras de DDHH Raiza Ramiréz y Raquel Sanchéz reconocidas activistas y abogadas que defienden a jóvenes detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la manifestación pacífica en el Estado Táchira, han sido objeto durante varios años de hostigación,  criminalización y ataques por su labor. La última amenaza la recibieron vía telefónica por un anónimo que les conminó a salir del país o en su defecto se les aplicaría la Justicia Militar.

Venezuela atraviesa una ola de manifestaciones consecuencia del debilitamiento de la Democracia y la violación a la Constitución Nacional, así como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente violando la obligación de un referendo que permita a ciudadano/as expresar si desean realizarla o no.

Estas protestas pacíficas han significado detenciones arbitrarias en todo el país y tras las denuncias del Ministerio Público sobre actuaciones que vulneran el debido proceso y la petición de no abrir juicios por no encontrarse pruebas de delitos o flagrancia, el ejecutivo a través de los cuerpos de seguridad y las GNB están recurriendo al sometimiento de civiles en tribunales militares violando estándares en Derechos humanos al respecto.

A continuación se copia textual alerta que publicó Amnistia Internacional en apoyo a las defensoras y exigiendo cese los ataques y amenazas a su labor, la cual apoyamos desde este espacio.

Texto:

El 29 de junio de 2017, en horas de la noche, Raquel Sánchez y Raiza Ramírez recibieron llamadas anónimas indicándoles que podrían ser sometidas a juicios ante tribunales militares y que debían abandonar el país, debido al uso de redes sociales para exponer amenazas al debido proceso de dos jóvenes detenidos arbitrariamente, en el estado Táchira en la frontera occidental de Venezuela y se encuentran sometidos indebidamente a la jurisdicción militar. Esta amenaza es similar a otra que habría recibido la abogada Raiza Ramírez por parte de la Fiscalía militar cuando se encontraba en el tribunal, donde ambas abogadas ejercen al defensa de los jóvenes Pablo Parada y Daniel Beltrán, civiles quienes fueron detenidos de forma arbitraria y acusados de delitos militares.

La información a la que ha accedido Amnistía Internacional indica que las abogadas Sánchez y Ramírez han recibido amenazas de ser ellas mismas procesadas ante la jurisdicción militar, por haber ejercido su legítimo derecho a la libertad de expresión a través de redes sociales. Amnistía Internacional ha revisado las expresiones emitidas tanto por Sánchez como Ramírez y las mismas expresan su preocupación por actuaciones de las autoridades incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos tales como el uso indebido de la justicia militar y detenciones arbitrarias.

A Amnistía Internacional le preocupa que en el contexto de crisis de derechos humanos que se vive en Venezuela y el uso indebido de la jurisdicción militar, se estén realizando juicios que no cumplan con las debidas garantías y usando la jurisdicción militar como forma de ataque contra personas que ejercen su legítimo derecho a defender derechos humanos y que este tipo de actuaciones pretendan censurar la libertad de expresión a través de redes sociales así como intimidar e inhibir el trabajo independiente de abogados y ONG en defensa de los derechos humanos y el debido proceso.

Tomado original de: Amnistia.org véalo aquí