En el marco de las Protestas que se llevan a cabo a nivel nacional monitoreamos las limitaciones al derecho a defender derechos de Venezuela.  El día 11 de Mayo al finalizar la denominada Gran Marcha Universitaria en la ciudad de Maracaibo, parte del equipo universitario de Aula Abierta Venezuela se encontraba transitando por la Av. Delicias cuando son testigos de la represión que en la zona ocurría. En su calidad de defensores de Derechos Humanos, así como ciudadanos libres, dispusieron de sus teléfonos celulares para documentar los hechos, cuando fueron interceptados de manera muy violenta por oficiales de Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, quienes les robaron los equipos. rechazamos las limitaciones al ejercicio de defensores y defensoras, así como el robo por parte de funcionarios de equipos de trabajo y monitoreo, violando el ordenamiento jurídico nacional e internacional y limitando el ejercicio pleno de derechos.

La organización Aula Abierta emitipo el siguiente comunicado en repudio a dichas acciones.

Carta Abierta

Aula Abierta Venezuela y  la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia repudian otro hecho de criminalización de la protesta, represión contra universitarios e incautación de equipos de fotografía y filmación de activistas de derechos humanos universitarios

Aula Abierta Venezuela y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia repudian los hechos de violación continuada de derechos humanos acaecidos en Venezuela, y en especial los ocurridos luego de la Gran Marcha Universitaria el día 11 de mayo de 2017, donde actuaron funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia y funcionarios con armamento de reglamento sin identificación, presuntamente adscritos a cuerpos de inteligencia.

En atención a los hechos de represión y criminalización de la protesta universitaria, así como a la  apropiación indebida con amenaza de arma y uso de la fuerza pública de forma desproporcionada de los equipos celulares y de filmación de nuestro equipo de activistas de derechos humanos , así como de  profesores y estudiantes universitarios, rechazamos contundentemente los hechos acaecidos el 11 de mayo, según se enuncia a continuación:

• El equipo de profesores y estudiantes universitarios adscritos a la Universidad del Zulia, su Comisión de Derechos Humanos y la organización Aula Abierta Venezuela, acudieron a la Gran Marcha Universitaria, convocada  por las autoridades rectorales de la Universidad del Zulia, con el apoyo de distintos órganos que hacen vida en las universidades en el Estado Zulia.
• Al finalizar la marcha, durante la caminata de regreso, a la altura de las adyacencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia en la Av. Delicias, nuestro equipo al presenciar físicamente que funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia se encontraban disparando con armas de fuego a estudiantes universitarios que se encontraban protestando en las afueras  de la referida Facultad de la Universidad del Zulia y lanzando bombas lacrimógenas. Aproximadamente se encontraban unos 40 estudiantes y/o manifestantes.
• Al presenciar la represión desmedida y el detonar de las armas por parte de aproximadamente 6 funcionarios policiales, nuestro equipo procedió a filmar la situación y a los funcionarios actuantes, e intempestivamente se acercó en la avenida Delicias un vehículo Ford Bronco 2 puertas, color gris plomo, y una moto, interceptando  con violencia y apuntando con armas a los estudiantes y profesores universitarios, a quienes les despojaron de sus equipos celulares afirmando que lo hacían para borrar los videos y fotografías obtenidas y amenazaron con llevarse a una de las  estudiantes universitarias detenida.
• Ante la apropiación indebida bajo amenaza de arma de fuego de los referidos equipos celulares nuestro equipo de académicos (estudiantes y profesores) exigió la devolución de los mismos al funcionario policial identificado en su chaleco como Manuel Vega, quien fue uno de los que se apropió de uno de los equipos; así como a otros funcionarios actuantes presentes, entre los cuales estaba el funcionario identificado como Rangel G quien presuntamente era el de mayor rango, así como otros 8 funcionarios aproximadamente. Los referidos funcionarios se negaron a devolver los equipos y alegaban seguir órdenes superiores.

Como organizaciones de la sociedad civil exigimos a las autoridades del Ministerio Público y de los cuerpos de seguridad  el cese inmediato de cualquier acción de criminalización de la protesta, represión contra universitarios, y en especial el cese de la práctica continuada de  incautación y apropiación indebida de los equipos de fotografía y filmación de ciudadanos, universitarios y activistas de derechos humanos; práctica reiterada  que busca borrar cualquier evidencia de violación de derechos humanos  que comprometa a autoridades del poder Público y tiene como objeto promover la  impunidad  en Venezuela.

Recordamos que la libertad y la democracia son valores fundamentales de nuestra República en la cual todos los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos.

Texto original tomado de AulaAbiertaVenezuela véalo aqui