Título original: EEUU financia ataque de Provea a la Revolución

Fecha: 21 de abril de 2017

Textual

La ONG mantiene una campaña de mentiras y desinformación contra las acciones del Gobierno Bolivariano que busca mantener la paz del país

La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, mejor conocida como Provea, viene trabajando en el país desde hace casi tres décadas, pero desde los comienzos de la Revolución Bolivariana se ha tornado en un brazo del Departamento de Estado de Estados Unidos, uno de sus principales financistas.

Esta actitud beligerante tiene como fin último el derrocamiento del Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y el término de la Revolución Bolivariana.

En el marco de las recientes protestas “pacíficas” de la oposición venezolana, que se han cobrado la vida de varios venezolanos, esta organización ha responsabilizado al Gobierno Bolivariano, obviando los llamados de violencia de la derecha.

En una nota de prensa publicada en el portal web de Provea, aseguran que funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado son los responsables de estos hechos.

“En opinión de Provea ambas muertes (Jairo Johan Ortiz y Daniel Queliz) son consecuencia del recurrente patrón de uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares”, declararon.

Además, a través de su cuenta en Twitter, la organización afirmó ayer que en el marco de las protestas de los últimos días han fallecido ocho personas, conteo en el que incluyen a ciudadanos que las investigaciones han determinado que no participaron en las acciones convocadas por la oposición.

A pesar de que dicen funcionar como representantes de la “sociedad civil”, en “defensa de los derechos ciudadanos”, no son más que instrumentos de la política exterior estadounidense.

Una investigación realizada por Misión Verdad indica que esta organización recibe una buena cantidad de financiamiento extranjero, la mayoría estadounidense.

Provea ha recibido financiamiento de la Fundación Ford (ligada a la Casa Blanca y al Pentágono) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED por su siglas en inglés), quienes han otorgado más de 15 millones de dólares a ONG’s como Provea, destacando el año 2014 cuando la organización estadounidense otorgó mayores recursos para Venezuela, al destinar dos millones 381 mil 824 dólares.

Así como de la Embajada británica y de la Fundación Open Society, perteneciente al multimillonario George Soros, quien participó activamente en el golpe de Estado en Ucrania, en 2014.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés), un instituto apéndice del Departamento de Estado norteamericano, también aparece como financista de la organización.

Sin embargo, Provea en su página web llama a sus financistas “cooperantes”, donde aparecen los entes ya mencionados, además de la Unión Europea y la Fundación Merck, una de las farmacéuticas, de procedencia alemana, que en el contexto venezolano concentra la distribución de anticonceptivos y antibióticos.

INTENCIONES GOLPISTAS

Se hacen llamar independientes pero su línea discursiva calca los lineamientos de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Incluso ha calificado al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro como una “dictadura” que promueve la “represión” en las recientes movilizaciones, uniéndose a la campaña de desinformación y ataque que ejecuta la derecha nacional e internacional contra la Revolución Bolivariana.

A finales del mes de marzo, representantes de Provea declararon en un programa de radio que en la Organización de Estados Americanos (OEA), buscaban la activación de la Carta Democrática.

Sin embargo, esta organización que se hace llamar defensora de los derechos humanos y de la Constitución, no se ha pronunciado por el accionar de la Asamblea Nacional, que desde la elección de la nueva directiva en 2016, ha estado en desacato, contraviniendo la Carta Magna.

ATAQUES A LA GESTIÓN BOLIVARIANA

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, participó en diciembre en la reunión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que se realizó en Panamá, donde intentó denunciar la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), por una presunta violación del derecho a la vivienda por parte del Gobierno Bolivariano.

Uzcátegui asistió al coloquio sin presentar argumentos sólidos, por lo que el viceministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Hildemaro Villarroel, en representación de la Revolución, le desmotó sus intenciones intervencionistas.

Entre los planteamientos de Uscátegui estaban: la falta de información en las políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución, que en las cifras del Banco Central de Venezuela no se refleja un incremento visible en el sector construcción y que existe un déficit en los materiales e insumos de construcción.

Ante ello, Villarroel indicó que con respecto al primer punto todos los martes y jueves se hace una transmisión especial para indicar los avances de la Gran Misión.

Asimismo, afirmó que es imposible que algún ciudadano desde cualquier rincón del país no se haya topado con algún urbanismo construido por la GMVV.

Recordó que el Gobierno adquirió una gran cantidad de bienes de construcción en el 2014, como parte del Convenio China-Venezuela, igualmente aclaró que el cemento se obtiene a través de la Corporación Socialista de Cemento.

DERECHA DIVIDIDA

Para nadie es un secreto que detrás de la supuesta unidad de la derecha venezolana hay una gran división y sed de poder entre sus cabecillas, esto quedó con mayor evidencia el pasado mes de noviembre, cuando el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y el dirigente de Provea, Rafael Uzcátegui, discutieron a través de sus cuentas en la red social Twitter.

“Buenos días. Escuché hace rato en RCR que Capriles afirmó que la idea de elecciones adelantadas era de Maduro. ¿Oí mal? Si la afirmación de Capriles es cierta, desconoce las declaraciones de miembros de su propio partido. Siguen falseado la verdad y no hablo del Gobierno”, escribió Uzcátegui a través de su usuario @fanzinero

Posteriormente, retuiteó un mensaje de Carlos Ocariz que publicó en la red social luego del encuentro con el Gobierno Nacional, donde afirmaba que la propuesta de las elecciones generales adelantadas fue hecha por la MUD, dejando en evidencia que lo que dijo Capriles acerca de que la propuesta había venido del presidente Maduro es totalmente falsa.

De allí en adelante, Capriles intentó defender su posición, explicando que la oposición propuso las elecciones generales basados en una propuesta del Gobierno.

De esta manera el representante de Provea confirmó que miembros de Primero Justicia le había informado lo contrario, por lo que instó a que se pusieran de acuerdo dentro de las filas de la tolda aurinegra.

DECRETO DE OBAMA

En 2015, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, emitió un decreto en contra de Venezuela, donde cataloga al país como una amenaza para la seguridad de esa nación.

Pocos días después de su publicación, Provea y otras organizaciones de ese tipo, publicaron un informe que buscaba calificar al Gobierno Bolivariano como represor, sanear la actuación delincuencial de Lepoldo López, responsable de 43 muertes en 2014 y proyectar internacionalmente el liderazgo de la “sociedad civil”.

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Víctimas de la Guarimba critican manipulación

En el año 2015, el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, denunció la actitud asumida por Provea, que a su juicio ha colaborado para invisibilizar a los responsables de la muerte de 43 venezolanos y más de 800 heridos, en las protestas que se enmarcaron en el plan “La Salida”, además de abogar por la liberación de Leopoldo López, principal instigador de aquellas manifestaciones violentas. Ante una invitación de Provea hacia el Comité para “conocer y revisar cada uno de sus casos”, rechazaron que su dolor sea manipulado o utilizado por políticos de oficio, ni por profesionales de los derechos humanos para su propio beneficio. En esa oportunidad los miembros del comité expresaron que es “imposible compartir una misma plataforma de acción”, ya que uno de sus objetivos centrales es exigir que se haga justicia. También llamaron a la organización para que se sumen a la lucha por la justicia y en contra de la impunidad, abogando por la aplicación de las sanciones a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

ANTALYA DÍAZ/CIUDAD CCS
FOTO CARLOS BECERRA/AFP

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— Ciudad CCS (@CiudadCCS) April 21, 2017

texto tomado del portal “ciudadccs.info” Véalo aquí