Yonaide Sanchéz y Nelsón Freitez son docentes de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, Lara. Ambos han estado activos en los sectores mediático, académico, social, popular y comunitario de Barquisimeto en el estado de Lara, con el objetivo de acompañar a las víctimas de la violencia estatal y apoyar a otras organizaciones de derechos humanos. Nelsón Freitez fue miembro del Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado de Lara, organización que trabaja con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas policiales y militares de la región durante el gobierno del General Luis Reyes Reyes en el estado de Lara.
El General Luis Reyes Reyes es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha ocupado cargos en el ejecutivo nacional, incluído el de ministro bajo la presidencia del ex-presidente Hugo Chávez. El General es actualmente presidente de CORPOLARA, una corporación creada y patrocinada por el gobierno federal, con poderes paralelos al gobierno del Estado, tales como mejorar, evaluar y controlar la administración pública, administrar los recursos públicos y aplicar políticas públicas.
El 8 de mayo de 2017, cuando el y la defensora de derechos humanos llegaron a su domicilio, aproximadamente a las 20.00 horas, se dieron cuenta de que alguien había entrado en su casa y había revuelto sus pertenencias. En el comedor, encontraron una piqueta junto con dos cuchillos, que entendieron como un mensaje amenazador e intimidatorio.
Esta es la tercera vez que su hogar ha sido invadido por personas no identificadas. En noviembre de 2016, su hogar fue allanado y varias de sus pertenencias, incluyendo computadoras, fueron robadas. El segundo robo ocurrió en abril de 2017, cuando sus pertenencias también fueron tomadas mientras no estaban en casa.
Desde el 19 de abril de 2017, el gobierno venezolano viene implementando el Plan Zamora en la región de Barquisimeto. Plan Zamora es un plan militar por el que se llevan a cabo estrictas vigilancias, monitoreo y patrullas en regiones determinadas, con mayor presencia militar y policial. La ejecución del Plan en varias zonas de Venezuela ha dado como resultado detenciones masivas así como civiles acusados y juzgados por delitos militares, como el delito de rebelión, en tribunales militares.
En una reciente ola de protestas masivas a nivel nacional, diversas movilizaciones y demostraciones, incluyendo en Barquisimeto, han sido desproporcionadamente reprimidas por la Guardia Nacional Bolivariana – GNB. En algunos casos, la represión ha sido llevada a cabo por civiles armados y ha tenido lugar durante la noche en zonas residenciales.
Yonaide Sanchéz y Nelsón Freitez han trabajado conjuntamente con el Consejo de Estado por la Paz y la Justicia en Lara (CEPAZ-Lara)como mediadores intentando cesar la represión para poder cuidar de las y los heridos. La y el defensores de derechos humanos han condenado la violencia y culpado al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Lara – ZODI-Lara, José Rafael Torrealba, como responsable del uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos por parte de los militares y paramilitares de la región.
Yonaide Sanchéz y Nelsón Freitez consideran que los robos y amenazas a que han sido sometidos tienen un vínculo directo con los informes que emitieron sobre las acciones de las tropas militares y paramilitares.
Front Line Defenders muestra su preocupación por los actos cometidos contra Yonaide Sanchéz y Nelsón Freitez, así como contra otras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y cree que los actos en su contra están directamente vinculados a su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos. Front Line Defenders muestra preocupación además con la situación general en Venezuela, incluyendo el estado de emergencia actualmente en vigor, y los numerosos reportes de violaciones en curso contra personas defensoras de derechos humanos.
2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con las personas defensoras, para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica;
3. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres de todas las restricciones, incluyendo el acoso judicial.
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