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Las grandes corporaciones y los bancos multilaterales pueden ser la última esperanza de los defensores de derechos humanos, perseguidos cada vez más por los Estados y los sistemas judiciales corruptos, dijo hoy alto funcionario de la ONU.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, aseguró este viernes a Efe que a las compañías no les gusta la mala publicidad y que, junto con los bancos multilaterales, pueden destrabar el círculo vicioso entre los Estados y los organismos de derechos humanos criticados por sus recomendaciones estériles.

Las compañías tienen la posibilidad de influir en los Gobiernos de los países donde trabajan porque “no les gusta ver sus nombres asociados con casos en los que pudieran ser tachados de violadores de derechos humanos”, sostuvo el experto francés.

Y los bancos multilaterales de desarrollo, “que tienen fuerte poder sobre los Estados porque les prestan dinero, pueden poner condiciones para que los defensores estén mejor consultados sobre el impacto de los proyectos en sus comunidades”, dijo Forst.

Forst participó este viernes en la capital panameña en la presentación del informe “Antepusieron la verdad al poder y fueron asesinados y asesinadas a sangre fría”, elaborado por la Relatoría especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con Global Witness, de 2014 a 2015 se incrementó en un 59 % el asesinato de defensores, con un total de 185 homicidios el año pasado, recordó Forst.

Su estudio determinó que el principal ejecutor de crímenes contra activistas es la industria minera y extractiva, seguida de las actividades de explotación de recursos naturales como la deforestación y la agricultura extensiva, contextos vividos en Honduras, México, Brasil y Perú.

Estos países y Guatemala, México, Tailandia, Colombia, India, Camboya y Filipinas son los más peligrosos para los defensores de la tierra y el medioambiente, la categoría de activistas que acumula el mayor número de asesinatos (el 67 % en Asia y el 41 % en América).

El relator busca acercarse a las empresas y a los bancos durante su mandato en Naciones Unidas y conseguir que actúen en apego a los derechos humanos.

“Cuando los reclamos vienen de las organizaciones locales, no les importa, pero si viene de la ONU entonces puede haber una diferencia”, añadió, y dijo que las empresas “inmediatamente nos abren las puertas” porque no les gusta la mala publicidad y quieren contribuir.

Forst presentó este viernes su informe junto con el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, quien expuso el estudio “Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos”.

Ambos expertos aprovecharon el marco del 159 periodo de sesiones de la CIDH, en Panamá, para reclamar el aumento de las agresiones y amenazas contra los defensores, a quienes consideran vitales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.

Forst advirtió que en la región se ha normalizado la idea de que los activistas son enemigos del Estado, pero “no son enemigos, son héroes que necesitamos”, aseguró.

El relator interamericano manifestó especial preocupación por el aumento de la criminalización de los defensores de derechos humanos a través del uso indebido del derecho penal en el continente.

Además, dijo, debido a la corrupción, fiscales y jueces se prestan a la persecución penal, no toman en cuenta los instrumentos internacionales e incluso aumentan la presión al poner cauciones muy altas que impiden a estas personas defenderse en libertad.

En América, advierte, los defensores de la tierra y el medioambiente, de los derechos laborales, sexuales y reproductivos y de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) son los que con mayor frecuencia enfrentan procesos de criminalización.

Forst recomendó a los Estados incluir a estos colectivos en el debate sobre el desarrollo de sus territorios, ya que una de las principales causas de los actuales conflictos es la diferencia abismal entre los modelos de desarrollo que tienen los Gobiernos y las comunidades.

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