El 14 de julio de 2017, a través de diversos medios estatales, se inició una campaña de criminalización contra la organización Provea por su defensa de la Democracia, la Constitución y los Derechos Humanos. Campaña a la que se sumó el Canciller de la República Samuel Moncada. La misma fue acusada de amenazar a trabajadores públicos por una campaña vía Twitter que les recuerda el artículo 25 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela que dice:
“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”
En un comunicado conjunto titulado “44 ONG: CNE es corresponsable de violaciones DDHH ocurridas desde 01 de abril” advertían “Por tanto, elegir una ANC en el mes de julio suspendería de facto la realización de regionales en diciembre o cualquier fecha posterior. La imposición de una fraudulenta ANC sin consulta del pueblo como poder originario, alejada de los preceptos constitucionales y violando el principio de progresividad alcanzado con la Constituyente de 1999, cierra los mecanismos institucionales de resolución democrática del conflicto, abriendo el camino a una intensificación de la protesta por parte de una población en rebelión, que apuesta y sigue apostando a la no violencia a pesar de la represión y la asfixia institucional. El CNE con su actitud alejada de la ley y la Constitución se convierte en un factor que provoca la intensificación del conflicto actual y es co-responsable de las consecuencias que tal incremento significa, entre ellas las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo” Completo aquí
Sin embargo, a pesar de ser una postura conjunta de Ong de Derechos Humanos, medios del Estado y funcionarios públicos criminalizan a Provea: En nota de prensa del Periodico estatal Correo del Orinoco se lee:
“Reiteramos que todo aquel funcionario que participe en irregular proceso Constituyente puede ser sancionado a futuro por art. 25 CRBV (sobre nulidad de los actos del Poder Público)l”, escribió Provea en la red social Twitter.
A través de declaraciones de representante de organización progubernamental Fundalatin se acusa: “Provea impone el terror con la intimidación. Decir que todo funcionario que participe “puede ser sancionado a futuro’ es un mecanismo de coerción psicológica que pretende ahogar el espacio público, y generar un efecto disuasivo para que la gente no ejerza su derecho el próximo 30 de julio”, condenó.
Texto original de Correo del Orinoco” Véalo en
Provea: el extraño caso de una ONG que nace defendiendo los DDHH y termina amenazando a los ciudadanos. Votar es un derecho pic.twitter.com/bNdOjzlEFa
— Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 14, 2017
Denuncian violencia psicológica ejercida por Provea contra trabajadores públicos https://t.co/Y7G6FBzrn5
— Correo del Orinoco (@correoorinoco) July 14, 2017
Denuncian que Provea amenaza a funcionarios para que no voten en la Constituyente https://t.co/5PovLMspzv pic.twitter.com/RpUoLXGCna
— YVKE Mundial (@YVKE_MUNDIAL) July 14, 2017
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