El portal progubernamental Misión Verdad ha desacreditado recientemente a la ONG Fundaredes por el informe que emitió sobre la alarmante cifra de 15 mil venezolanos, entre ellos menores de edad, que según fueron reclutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), alegando que la misma no posee pruebas contundentes para comprobarlo, y acusándola de participar, en conjunto con otras ONG e intereses políticos implicados, en la construcción de una falsa narrativa informativa que pretende sentar las bases para justificar una intervención militar de Estados Unidos y Colombia en Venezuela, al vincular al Gobierno venezolano con el mencionado grupo guerrillero.
Título original: Colombia planifica otro falso positivo: desmontando la vinculación del ELN con Venezuela
Fecha: 13 de junio de 2019
Textualmente el artículo expresa:
EL COLAPSO DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y EL USO POLÍTICO DEL ELN
El ascenso al gobierno de Iván Duque implicó un retorno del uribismo y de las corrientes políticas de la guerra al poder en Colombia.
Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue socavar los Acuerdos de Paz y la parcial estabilización del conflicto armado, marcando una fuerte agenda de impunidad con respecto al asesinato de líderes y lideresas sociales por parte del paramilitarismo.
La crisis histórica colombiana está lejos de ser resuelta. Y una demostración de ello es, justamente, el retorno del uribismo y su propia agenda de ganar el conflicto por la vía armada, apoyándose en la militarización estadounidense de buena parte del territorio colombiano y en sectores de la clase dominante con intereses estratégicos en la ampliación de la frontera extractiva (mediante la securitización) del país vecino.
Con los Acuerdos de Paz se cristalizó el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero quedó pendiente el del ELN. La vigencia de este grupo guerrillero, que desconfió desde el principio de estos acuerdos promovidos por el gobierno de Juan Manuel Santos, ha servido como excusa para justificar la necesidad de prolongar el conflicto armado y boicotear la posibilidad de un escenario de paz.
60 años de conflicto ininterrumpido y más de 9 mil 500 millones de dólares en ayuda militar estadounidense entregada en los últimos años, han demostrado que la guerra no puede ser ganada por el ejército colombiano y su brazo armado ilegal, el paramilitarismo, sin aumentar los costos sociales y humanos a lo interno de la sociedad colombiana.
Esta imposibilidad de dirimir el conflicto por la vía militar ha traído enormes consecuencias para el Estado colombiano, a tal punto de sumirlo en una crisis constitucional que se agudiza entre posturas involucionistas de distinto grado, como la intención de extraditar al ex guerrillero de las FARC Jesús Santrich, como un medio para justificar la disolución de las cortes, la erosión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la imposición de un estado de conmoción que otorgue poderes excepcionales a Iván Duque.
Dicha crisis estructural, sumada a la imposibilidad ya comentada de ganar la guerra por parte de la oligarquía colombiana, ha traído como consecuencia la vinculación forzada y no comprobada del gobierno de Venezuela con el ELN.
El objetivo detrás de esta vinculación, cada vez más presente en el discurso político y mediático colombiano, corresponde a dos objetivos estratégicos, en términos generales, como parte de la Guerra No Convencional contra Venezuela:
• Utilizar esta vinculación como una excusa para la intervención militar (tercerizada vía Colombia) en Venezuela, ya que tanto Colombia como Estados Unidos, comparten el objetivo de combatir a organizaciones designadas como terroristas (el ELN se encuentra en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado norteamericano).
• Justificar un aumento en el presupuesto de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, lo que le permitiría reforzar el apresto del ejército colombiano y el frente paramilitar en posibles incursiones armadas en territorio venezolano, aludiendo a objetivos de “seguridad nacional” como el combate contra el ELN. Detrás de esta justificación, está la necesidad de ampliar la frontera de los cultivos de coca hacia el occidente venezolano.
• Utilizar el territorio venezolano como área de combate del conflicto armado colombiano, en aras de justificar agresiones militares contra la soberanía nacional a partir de un imperativo de “lucha contra el terrorismo”, previamente apoyada por Estados Unidos.
• Justificar la intervención armada (y posterior militarización) en áreas con vastos recursos naturales y energéticos de Venezuela (Arco Minero del Orinoco, Faja Petrolífera del Orinoco, Lago de Maracaibo, etc.), donde supuestamente habría presencia del ELN. Es menester acotar que estos recursos son clave para la subsistencia energética de Colombia (en cinco años ya no tendrá petróleo en su territorio) y para el sostenimiento de Estados Unidos como Imperio.
• Ante el supuesto de una fractura de la FANB, apostar al uso de determinadas facciones como frente de apoyo para hacer frente al ELN.
Con respecto a la designación de áreas estratégicas venezolanas que buscan ser posicionadas como objetivos de una intervención bajo estas premisas, es importante destacar un artículo publicado recientemente por el británico The Guardian y firmado por Bram Ebus.
En este artículo, Bram Ebus argumenta (sin mostrar pruebas más allá de declaraciones “en el terreno” que no se pueden comprobar) que el ELN controla minas auríferas al sur de Venezuela, donde se ubica el estratégico Arco Minero del Orinoco. El artículo de Ebus cerró de alguna manera el ciclo de estas agresiones informativas contra Venezuela. Pero lo más importante a resaltar no es ese corte de caja, sino las vinculaciones del propio Ebus.
Aunque Ebus se presenta como periodista especializado en conflictos socioambientales, es consultor de la ONG International Crisis Group, una agrupación que constantemente elabora expedientes para justificar una intervención contra Venezuela, empleando la categoría de “crisis humanitaria”. El nivel de compromiso de esta ONG con el golpe contra Venezuela llegó a su punto clímax cuando Luis Almagro la utilizó como fuente clave para la elaboración y posterior presentación de dos informes con los que buscaba justificar la aplicación de sanciones contra Venezuela en 2016.
Las operaciones del ELN siempre han sido criminalizadas por el Estado colombiano (Foto: Andrés Cardona Cruz)
EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE LA (DES)INFORMACIÓN CONSTRUYE UN FALSO POSITIVO
Antes de que madurara lo suficiente como para hacerse realidad, la propuesta de los Acuerdos de Paz en Colombia tuvo desde sus inicios origen en Venezuela.
Fue durante la presidencia de Hugo Chávez cuando se realizaron los primeros esfuerzos para una mediación política que ofreciera una salida no bélica al conflicto colombiano. Dicha apuesta sufrió una resistencia abierta por parte del uribismo, que lógicamente veía peligrar sus bases de apoyo dentro de los sectores de la clase dominante colombiana fieles a la guerra.
Siendo esto una realidad histórica incontestable, incluso para los sectores de la derecha colombiana, resulta una contradicción que el gobierno de Venezuela sea presentado (y acusado) como un actor que apuesta por la continuidad de la guerra en Colombia, con su supuesto “apoyo” al ELN.
Con estas acusaciones, el Estado colombiano confirma su incapacidad para resolver su conflicto interno, toda vez que distrae a su opinión pública local responsabilizando a Venezuela por la ausencia de salida al conflicto, sobre todo después de dinamitar las negociaciones con el ELN y demostrarse incapaz de controlar al paramilitarismo y el narcotráfico.
La debilidad argumentativa y escasas pruebas que pudieran otorgar verosimilitud a esta retórica, han convertido el plano informativo en un campo de batalla estratégico para forzar un clima de opinión favorable a las acusaciones contra el gobierno de Venezuela.
REDIRECCIONAR EL CONFLICTO HACIA VENEZUELA
En el fondo, se trata de reorientar políticamente el conflicto colombiano hacia Venezuela, proyectando como idea-fuerza (fuera y dentro de Colombia) que la resolución definitiva de la guerra en el país vecino pasa por un golpe de Estado efectivo contra la Revolución Bolivariana.
De esta manera, tanto Colombia como Estados Unidos justifican el cambio de régimen en Venezuela como un imperativo moral de la falaz “lucha contra el terrorismo”.
En tal sentido, el redireccionamiento forzado del conflicto colombiano hacia Venezuela se hace patente cada vez que el escenario político y social colombiano se ve alterado, lo cual requiere que sea la República Bolivariana de Venezuela quien asuma responsabilidades que no le corresponden.
Muestra de ello fue la acusación del presidente Iván Duque luego del atentando del ELN a una batallón del ejército colombiano. Duque cargó contra Venezuela responsabilizando al gobierno de “proteger a jefes del ELN”, sin mostrar pruebas sólidas que soportaran este juicio de valor.
Un mes después, a modo de otorgarle a la narrativa de Iván Duque, el influyente medio financiero Bloomberg publicó un reportaje que profundizaba esta línea discursiva. En el reportaje, que evitó contrastar con fuentes distintas a las afiliadas a la retórica bélica del Estado colombiano, se aseguraba que tropas venezolanas preparaban y dotaban con armamento antiaéreo al ELN.
Bloomberg empleó un recurso clásico de la desinformación al omitir fuentes que contrastaran las versiones presentadas, al mismo tiempo que con señalamientos y vocerías a diversas escalas para crear una ficción de consentimiento general sobre el supuesto entrenamiento de tropas venezolanas al ELN.
Esta ofensiva comunicacional luego tomaría forma de enjambre, un recurso también clásico de las guerras híbridas en su aplicación propagandística. Se trata de un conjunto de actores, en apariencia descentralizados, que ejecutan operaciones bajo una premisa de orquestación y unidad de acción específica, para fabricar la ilusión de una idea generalizada e irrebatible.
En este orden de acciones, el general Luis Fernando Navarro, Comandante de las FFAA de Colombia, declaró que 1 mil hombres del ELN se encontraban en Venezuela. También el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, apuntó que el ELN “controla la frontera de Venezuela”. Repitiendo este patrón de no mostrar pruebas y situar las acusaciones en el plano de la retórica, la ONG Fundaredes publicó la escandalosa cifra de 15 mil niños venezolanos reclutados por el ELN.
Con este panorama mediático construido en una tónica de alarma y urgencia, el presidente Iván Duque y el autoproclamado Juan Guaidó, ya contaban con el colchón informativo necesario para, en una conversación informal promocionada vía redes sociales, reforzar la narrativa de Venezuela como supuesto “refugio de terroristas”.
A esta simulación de una supuesta conversación entre “dos jefes de Estado” que comparten la preocupación común sobre la supuesta vinculación del ELN con el gobierno de Venezuela, se sumó el jefe del Comando Sur, Craig Faller, quien elevó la categoría “refugio de terroristas” a modo de urgencia militar para los Estados Unidos. Una narrativa también acompasada con declaraciones del canciller Carlos Holmes, quien acusó a Venezuela de desestabilizar Colombia.
Luego de estas declaraciones, se repetiría el mismo modus operandi luego del atentado de abril, bien aprovechado por Duque para esquivar sus responsabilidades acusando a Venezuela. En sendos reportajes, Reuters e Infobae, ambos medios en guerra informativa constante contra la República Bolivariana de Venezuela, otorgaron credibilidad a las acusaciones de Colombia, al mismo tiempo que estimaron que un tercio de los desmovilizados de las FARC se encontraban en Venezuela.
En términos generales, este manejo mediático selectivo y con tono alarmista tiene como objetivo movilizar apoyos en distintos frentes para justificar acciones militares en suelo venezolano, bajo la supuesta promoción de garantizar la paz de Colombia y luchar contra la amenaza que representan los grupos terroristas en la región. El objetivo, también, consiste en movilizar apoyo a lo interno de la sociedad colombiana para que consienta un conflicto militar con Venezuela.
De enero a mayo es visible un ciclo de declaraciones belicosas, falsas acusaciones y señalamientos irresponsables por parte de las autoridades colombianas, que describen una escalada preocupante para la seguridad nacional de Venezuela.
Destacan, por su peligrosidad para la paz de la República, las declaraciones de la Fiscalía colombiana, el Ministro de Defensa y, por supuesto, el presidente Iván Duque en coordinación con el autoproclamado Juan Guaidó. Todas ellas apuntan a dar por sentado que el gobierno de Venezuela, y en específico, el presidente Nicolás Maduro, bridan resguardo a jefes del ELN, favorecen su reclutamiento.
Vale acotar que la no comprobada vinculación de Venezuela con “organizaciones terroristas” es una de las preocupaciones estratégicas del Comando Sur estadounidense, así se establece en varios de sus documentos programáticos y operativos para justificar su despliegue en la región latinoamericana.
PARAMILITARISMO Y CONFLICTO DESBORDADO: CONSECUENCIAS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL DE VENEZUELA
Es con la implementación del Plan Colombia (1999) cuando el país vecino adquiere profundidad estratégica (hacia los Andes, el Caribe y la Amazonía) como parte de la geoestrategia regional de control militar estadounidense.
Lo que en realidad era un plan de contrainsurgencia disfrazado de dispositivo antidroga, rápidamente convirtió a Colombia en una base de operaciones para la desestabilización regional, con especial énfasis en Venezuela.
Planteado y ejecutado así, el Plan Colombia perseguía como objetivo no únicamente el exterminio de la guerrilla, sino la militarización de recursos estratégicos aprovechando su proyección geográfica hacia la Amazonía y el rico occidente venezolano, depósito de grandes reservas petroleras.
Desde el primer momento, el Plan Colombia se concibió para extender y desbordar el conflicto armado de Colombia, una excusa bajo la cual se justificaría la militarización de la fachada andina, amazónica y caribeña de la región.
Bajo este cálculo geopolítico, el paramilitarismo (fortalecido con el Plan Colombia), más allá de su terrible partida de nacimiento, fue también un brazo armado esencial para la expansión de las áreas de cultivo de coca, la ampliación de los flujos del narcotráfico y el desplazamiento forzado de millones de colombianos ubicados en sectores rurales y campesinos.
Lógicamente, una de las zonas más impactadas por este proceso fue la frontera con Venezuela, tanto por el intenso flujo migratorio como por la penetración de lógicas delincuencias relacionadas al narcotráfico y al paramilitarismo, que comenzaron a permear el tejido de la frontera. Un hábitat común de siglos como lo ha sido la frontera colombo-venezolana, sufrió la hipertrofia del Plan Colombia, a tal punto de transformarla en un eje de gravitación de flujos paraeconómicos de distinto origen e impacto.
El conflicto armado colombiano se desbordó y sus consecuencias para Venezuela se narran no sólo por el aumento del flujo migratorio, sino por la asimilación de parte de su frontera occidental al ecosistema del narcoparamilitarismo.
Siendo planificado por Estados Unidos el desbordamiento hacia Venezuela del conflicto armado colombiano y de su variante paramilitar, esta situación es aprovechada como una opción de guerra contra Venezuela. Forjó un entorno operativo para el despliegue de contratistas mercenarias en el marco de la privatización de la guerra impulsada por el Plan Colombia.
Según datos recabados por el investigador Darío Azzellini, compañías armamentísticas como Lockheed Martin, Dyncorp, entre otras, recibieron enormes contratos para apoyar con mercenarios la lucha contra la guerrilla, pero también para proveer seguridad a compañías transnacionales de distinto tipo.
La relación que establecieron estas contratistas con el ejército colombiano y el paramilitarismo es simbiótica, al introducirse como un componente vital en las operaciones de resguardo de zonas de extracción de recursos naturales y militarización de zonas donde la guerrilla abandonó su control territorial. Han tenido un papel clave en un postconflicto que, en realidad, no es tal.
Esta relación de predominio puede observarse con claridad cuando el 30 de abril, el mismo día que el autoproclamado Juan Guaidó y el prófugo Leopoldo López estimularon un golpe militar (fallido), Reuters filtró que Erik Prince, el fundador de la controvertida empresa de seguridad privada Blackwater (hoy Academi), trabajaba la propuesta de desarrollar una guerra privada contra Venezuela con 5 mil mercenarios.
Según Reuters, Prince estaría buscando apoyo financiero entre partidarios del presidente Trump y venezolanos multimillonarios en Estados Unidos. En tal sentido, el obstáculo en este punto sería financiero, ya que Prince da por sentado que existen las condiciones de permisividad necesaria para que Colombia sea la puerta de entrada. Al fin y al cabo, las contratistas militares estadounidenses han nadado en el país vecino como pez en el agua, al menos, desde 1999.
El paramilitarismo se ha erigido como un semillero de mercenarios que las contratistas privadas utilizan como ejército industrial de reserva. Demostración reciente de esto fue el envío de mercenarios colombianos a la guerra en Yemen para luchar a favor de la coalición liderada por Arabia Saudí y fuertemente apoyada por Estados Unidos. La compañía que los reclutó fue precisamente Academi de Erik Prince.
A la luz de los datos presentados, no sólo es visible cómo se instrumentaliza el ELN para estimular un conflicto binacional entre Colombia y Venezuela. Un escenario favorable para Estados Unidos, que puede llevar a cabo su guerra de pillaje contra Venezuela sin involucrarse directamente, reduciendo los gastos del conflicto y tercerizando las bajas militares en el Estado colombiano.
Más allá de esto, la permisividad del gobierno colombiano con las contratistas mercenarias y su engranaje dentro de la agenda global de privatización de la guerra, hacen de la República Bolivariana de Venezuela un Estado amenazado, de forma permanente. Contrario a lo que se intenta proyectar desde la mediocracia internacional, la cual intenta revertir, a fuerza de titulares engañosos, esta realidad incontestable.
GUERRA HÍBRIDA COLOMBIANA (Y ESTADOUNIDENSE)
Desde el inicio de la operación de cambio de régimen con el diputado Juan Guiadó a la cabeza, este interés por vincular al gobierno de Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia ha crecido significativamente.
Esto responde, en primer lugar, al carácter instrumental del gobierno colombiano dentro de la geopolítica de asedio contra Venezuela. En ese sentido, Estados Unidos ha tercerizado en Colombia la concreción de diversas estrategias golpistas en el marco de la Guerra No Convencional en curso contra la República Bolivariana de Venezuela.
La evolución de las relaciones entre Colombia y Venezuela, en los últimos dos años, ha estado marcada por las intenciones del gobierno colombiano de socavar las instituciones venezolanas, mediante su actuación desde distintos frentes.
En tal sentido, el gobierno colombiano ha venido posicionando a la República Bolivariana de Venezuela como una “amenaza a su seguridad nacional”, en un intento por proyectarse como un país hostigado que requiere de apoyo regional para defenderse. Esta narrativa, sin embargo, no alcanza a revertir la realidad, pues es Venezuela el verdadero Estado atacado y hostigado.
Para confirmar esto, conviene enumerar las agresiones híbridas (económicas, militares, diplomáticas) contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, en los últimos dos años:
• Respaldo, resguardo y auspicio a los grupos violentos pagados por el antichavismo que protagonizaron los choques contra los cuerpos de seguridad venezolanos el 23 de febrero de 2019, en la frontera colombo-venezolana.
• Varias incursiones paramilitares en territorio venezolano (estado Táchira) el 23 de febrero de 2019, en el marco de la operación insurreccional que tenía como cobertura la falsa “ayuda humanitaria”.
• Reconocimiento y protección al autoproclamado Juan Guaidó, en una clara maniobra de apoyo a la fractura de la institucionalidad civil y militar venezolana.
• Conocimiento previo y respaldo a la “Operación Constitución” (fallida), con la que se pretendía secuestrar al presidente Nicolás Maduro antes de las elecciones de mayo de 2018.
• Creación de un grupo binacional con Estados Unidos (2018) para boicotear y confiscar ilegalmente cargamentos de alimentos con destino a Venezuela.
• Confiscación ilegal de 400 toneladas de alimentos con destino a Venezuela (2018), contenidos en cajas CLAP, como parte de la agenda de bloqueo financiero diseñada en Washington.
• Bloqueo directo al contrato con la empresa colombiana BSN Medical, con la cual se haría efectiva la importación de medicamentos para la atención de la malaria a la población venezolana.
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