Oriana0 comments

Misión Verdad rechaza informe emitido por la Alta Comisionada Michelle Bachelet y criminaliza labor de ONG venezolanas

El portal progubernamental Misión Verdad ha publicado recientemente un artículo donde denuncia que el informe emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está sesgado y privilegia la información suministrada por ciertas ONG venezolanas sobre otras, respondiendo a intereses geopolíticos norteamericanos para justificar una intervención en Venezuela. En dicho artículo hacen mención específica de las ONG Provea, Foro Penal Venezolano y el Observatorio Venezolano de Violencia, criminalizando su labor, y acusándoles de no interesarse por soluciones reales sino de utilizar a las víctimas de testimonios como instrumentos de guerra para lograr sus propios fines, mediante la construcción de una narrativa acorde a la agenda de política exterior de EEUU.

Título original: El informe Bachelet será otro instrumento para intentar el cambio de régimen (análisis especial)

Fecha: 05 de julio de 2019

Textualmente el artículo expresa:

El informe realizado por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado el pasado 4 de julio, es el primero que se realiza bajo la dirección de la ex presidenta chilena Michel Bachelet.

Luego de las visitas realizadas por su equipo técnico en marzo y la última a finales de junio, con la presencia de la Alta Comisionada en territorio nacional, reuniéndose con diversos actores de la política venezolana, además de asociaciones y organizaciones de diverso tipo.

Se esperaba un cambio de tono de dicha oficina multilateral, lo que ofrecía moderadas expectativas sobre las diferencias que pudiera presentar su trabajo en oposición al muy parcializado comisionado anterior, a lo que también contribuyeron sus propias intervenciones públicas y una aparente actitud entre lo imparcial y conciliador, el resultado demostró decepción y desazón en gran parte de la opinión pública, mientras que actores altamente interesados se sintieron totalmente estimulados, al punto de asumirlo para ellos como una victoria política.

Pudieran destilarse de todo este cuadro, la posible existencia de presiones y acciones que contribuyeron a ese viraje frente al discurso que ostentó la Alta Comisionada en suelo venezolano, o, tal vez, sencillamente, esta siempre fue la intención de fondo. Lo cierto es que la falta de sorpresas resultó lamentable, y, una vez más, la instrumentación del mantra de los derechos humanos terminó obedeciendo a unos intereses geopolíticos claros, toda vez que se acentúa la crisis, no del país, sino de las formas y perversiones con las que interesadamente se juega con la vida y testimonios, al menos de una parcialidad con una clara identidad política. Tal como veremos a continuación.

1. METODOLOGÍA (EXCLUSIÓN, OMISIÓN Y SUBORDINACIÓN DEL DISCURSO)
Es un procedimiento habitual y por el que, lamentablemente, no debería haber sorpresa: se presentan los “hechos” con la mayor cantidad de recursos aparentemente empleados para, con una escenografía “amplia”, entubar los elementos interesados con el fin de narrar bajo el revestimiento de objetividad, profesionalidad, imparcialidad y orgullosa metodología.

De esta manera se promueve un contenido como verificado, corroborado y sin fisuras, cuando en realidad no va más allá del clásico sesgo de confirmación y la orientación interesada del discurso.

Ya que andamos en una de métodos, conviene cotejar el informe final con las 70 observaciones que realiza el gobierno venezolano para dar medida del rumbo original (aún más visible) que ofrecía la versión no editada, además de que facilita la brecha que producía la “metodología” empleada.

Así, bajo ese manto efectista, señala el informe haber entrevistado a 588 “personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad”, pero tal como señala el propio informe a pie de página (y la refutación oficial del gobierno venezolano), ninguna de las 588 entrevistas fueron realizadas en territorio venezolano: 460 en “la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota”.

El informe deja por fuera mucho de lo recabado, en particular “los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país”.

Lo mismo ocurre con el rango de las “159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales” en la misma lista de países mencionados más Suiza y Venezuela. Nos encontramos entonces ante una externalización excesiva del discurso en la que el país objeto del informe es apenas una parte ínfima en contraste con las y los “hablantes” y las “partes interesadas” que lo hacen fuera.

Produce curiosidad (es retórica la frase) la forma en que el secretariado encargado de la redacción del documento “contrastó la información recopilada para confirmar su validez”, toda vez que adoptó algunas de las consideraciones realizadas en la respuesta estatal venezolana, pero reflejando un giro de 180 grados.

En el punto 19 admite (así sea a regañadientes) “el impacto de las sanciones económicas en el sector de la salud, particularmente las posibilidades de recibir tratamiento médico urgente fuera del país, incluyendo trasplantes”, para, a renglón seguido (punto 20), sentenciar que las “[v]iolaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

Otra premisa que se observa en el informe, implícita pero evidente, es la presunción de veracidad absoluta por parte de las fuentes empleadas y la sospecha incuestionable y automática en lo enunciado por el gobierno.

En el punto 40, dentro del apartado “Uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno”, en su nota al pie de la página 31, señala el suministro de información “contradictoria” por parte del gobierno, asumiendo que son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el sistema de fuentes privilegiados, el que automáticamente no se contradice, ni amerita ser contrastado.

María Eugenia Russian, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), ONG con Estatus Consultivo Especial dentro del Consejo Económico y Social de la ONU, denunció, entre otras cosas, la exclusión de informes y testimonios de 12 ONG en el Informe Bachelet, entre otras cosas.

Para Bachelet y los redactores del informe, todas las ONG son iguales, pero unas son más iguales que otras.

2. LAS FUENTES EMPLEADAS: PARCIALIZACIÓN, AGENDA POLÍTICA Y LUIS ALMAGRO
Si el informe hizo “la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes”, para qué valerse con tanta asiduidad del complejo industrial humanitario estadounidense, en este caso en las ramificaciones locales, para arrojar conclusivamente cuanto dato sea necesario, de nuevo, sin contrastar o revisar, precisamente, la fiabilidad de lo que empleó.

A estas alturas es difícil distinguir si se trata de un acto irreflexivo, prepotencia en el discurso, si se apremia la urgencia de sostener una agenda o si de verdad el sesgo de confirmación da para que los autores asuman que eso es objetividad, verdad, imparcialidad. De todas maneras, el resultado (claramente buscado), es el mismo, y los efectos a los que aspira también.

El Estado venezolano exigió que, si tanto se valieron de “organizaciones civiles”, bien pudieran haber empleado, dice la respuesta, el informe “Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela” de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, del Center for Economic and Political Research sobre el efecto y el impacto de las sanciones. Por lo menos para contrastar de verdad.

Cuestión de método. Pero esa apuesta de credibilidad sin duda se basa en la pureza de las formas, como si el método por el método mismo ya le otorga un rango de validez robusto, incuestionable.

Pero superado el ruido de la ostentación de datos, data y fuentes, nos encontramos con la misma falla de origen que va desde la Ley del 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela del Senado gringo que habilitó la secuencia incesante de órdenes ejecutivas, sanciones del Departamento del Tesoro, pasando por las expresiones punitivas fuera de los Estados Unidos hasta los informes Almagro de 2016 y 2017.

La misma literatura, la misma disposición narrativa, el mismo esquema justificativo de la intervención, y el mismo sistema de señales de los actores interesados. Misión Verdad ha producido un seguimiento exhaustivo y un análisis sostenido del papel que juegan las ONG habituales en textos de esta naturaleza y está todo a disposición para su consulta.

Pudiéramos citar los conflictos de intereses (monetarios) del Foro Penal Venezolano, la compulsión del Observatorio Venezolano de Violencia y su forma prospectiva de “predecir” conflictos y muertes violentas, las omisiones estridentes de Provea o el sistema NED-USAID-Freedom House-Open Society Foundations que nutre a la mayoría de las organizaciones que sustentan el informe, cuando no es directa y explícitamente el Departamento de Estado o la Unión Europea. El mismo arqueo de siempre de los dispositivos narrativos del cambio de régimen…

Pero conviene realzar algo más, aparte de la inserción fluida del Informe Bachelet dentro de la misma horma para mantener la llama viva de la atención, más aún cuando la campaña de convertir a las medidas coercitivas unilaterales contra el país un asunto “moral” perdieron fuelle.

Y es que a estas alturas debe quedar claro que ninguna de estas organizaciones les preocupan las soluciones reales; el relato de las víctimas que presentan (y también el testimonio que puede provenir de la otra parte del conflicto) pasan a ser militarizados, instrumentos de guerra, secuestrando la dignidad y la urgencia de atender los casos, tanto de los excesos que pudieran existir del lado del gobierno, como de todas las acciones violentas y disruptivas que se perpetraron desde fuera y contra el Estado, contra quienes apoyan al gobierno, y los propios cuerpos de seguridad.

La deshumanización va en ambas direcciones. “Cuestión de método”.

3. EL INFORME FUE REDACTADO POR EL MISMO EQUIPO DEL ALTO COMISIONADO ANTERIOR
Alfred De Zayas, hasta el año pasado experto independiente de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, autor del demoledor informe sobre Venezuela y el papel de las sanciones y el bloqueo en el deterioro vertiginoso del país a la luz del esquema de intervención que las antecede, publicó el 5 de julio una breve entrada en su blog personal criticando que para la elaboración del último Informe del Consejo de Derechos humanos, la Alta Comisionada empleó el mismo secretariado que le hacía los informes al Alto Comisionado anterior: el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein.

El papel del monarca humanitario, sus claras posiciones políticas y los (ab)usos de su oficina también cuentan con un profuso registro. Su proximidad manifiesta no sólo de la agenda en sí sino del propio Luis Almagro y de Leopoldo López ya dicen todo lo que tiene que saberse sobre cuál fue entonces la disposición, y cuál su naturaleza, para usar una instancia multilateral tan sensible para encarrilar los intereses de siempre.

“Es una oportunidad perdida, porque Venezuela ha solicitado y necesita los servicios de asesoría y la asistencia técnica [de la Comisión], pero en buena fe”, dice De Zayas en su blog. Calificó de “antiprofesional” el “ignorar o no otorgarle el peso adecuado” a lo dicho por organizaciones como Fundalatin o Sures, entre otros.

“El principal principio que guíe a cualquier investigador honesto es audiatur et altera pars. Todas las partes deben ser escuchadas”, escribió, acentuando la “criminalidad” de los golpes de Estado y las sanciones económicas, a las que les confiere “escasa atención”.

No hace falta ser chavista para ser profesional y balanceado, las dos carencias de mayor visibilidad en el Informe Bachelet.

4. EL INFORME OMITE INSTRUMENTOS, DECLARACIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE CONTEMPLA LA PROPIA COMISIÓN DE DONDE EMANA SU AUTORIDAD
El estado venezolano critica el mecanismo de elaboración del informe por contradecir “los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”, puesto que la creación de la figura del Alto Comisionado es custodiar, vigilar y promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.

Del mismo modo, denuncia la omisión de “los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país”.

En esto último se está haciendo referencia a los distintos informes, comunicados y declaraciones por parte de expertos independientes, en los que en mayor o menor medida denuncian los mecanismos de intervención empleados, y donde no todos son necesariamente “favorables” al gobierno.

Pero en este apartado cabe destacar en primer lugar el ya mencionado informe de De Zayas, pero también las duras críticas realizadas por el experto independiente Idriss Jazairy a propósito del impacto destructivo de las sanciones económicas que los Estados Unidos han venido realizando contra Venezuela, Cuba e Irán, particularmente acentuando la hipocrecía de justificarlas como de ayuda para la población.

El altísimo grado de parcialidad, la debilidad metodológica y los intereses políticos reflejados en el Informe Bachelet atentan contra la autoridad de Bachelet.

5. EL MODO DE REPRESENTACIÓN
Encadenado con el punto anterior, si lo que se esquiva en la propia vertebración institucional y procedimental del propio sistema de la Comisión de Derechos Humanos, la sinergia entre la necesidad de cancelarse como cuerpo vigilante de derechos (y deberes) cuando se borra todo el paisaje de fondo, y, por sobre todas las cosas, la interrelación entre Venezuela y el resto del mundo, socava aún más cualquier viso de profesionalidad.

El único agente activo, de acuerdo a la lógica implícita del reporte, sería el gobierno y el Estado venezolano. Así se produce una escenografía estática donde el país está aislado de la región y el resto del mundo, la población es un ente totalmente pasivo, solamente representado como víctima inmóvil, y estaríamos en el único caso donde se admite que, por alguna razón, no existe interconexión alguna a nivel internacional, ni tampoco se vislumbra la actuación de entes privados, gobiernos extranjeros y actores no-estatales.

Así es muy fácil que entre las conclusiones la Alta Comisionada exija que se “[d]etenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones” o “[d]etenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”.

Por mampuesto queda entonces la descripción de una dinámica unilateral, unívoca y exclusiva. Pero no hay margen de error. Al privilegiar una parte por el todo se maximiza una sola actuación y se reduce a cero la beligerancia de las demás partes involucradas, incluyendo un sector significativo de actores externos y gobiernos extranjeros.

El informe no registra absolutamente nada del patrón de agresiones en todos los ámbitos que ha asolado a Venezuela en los últimos seis años. Omite el papel regidor de los Estados Unidos en la manufactura de la crisis, ignora el papel de Colombia como base logística, hace caso omiso del sinfín de declaraciones diarias de gobernantes, políticos nacionales e internacionales, campañas de desinformación, atentados, la (ultra)violencia disruptiva de las guarimbas, el fomento en años recientes de una insurgencia criminal, incluyendo el asesinato de políticos chavistas de alto nivel, en el mismo marco temporal que el informe sugiere que las cosas se agravaron, en 2014, igual que durante el Decreto Obama.

El gobierno ha cometido errores que reconoce, los cuerpos de seguridad han cometido excesos que son tomados en cuenta por el sistema de justicia, la corrupción generalizada no la esquiva nadie, del mismo modo que al nivel más elemental de interacción social se sabe que el sistema del Carnet de la Patria y la distribución del CLAP beneficia a partidarios del gobierno y opositores.

A esto se le llama blanqueo. Aquí se atestigua una absolución descarada de responsabilidades de actores económicos privados, de operadores de la violencia privatizados. Aquí se le afeitó el bigote de guerra a John Bolton. A los asesinos linchadores que quemaron vivo a Orlando Figuera ante las cámaras se les llama “presos políticos”, y las víctimas de las guarimbas no están en pie de igualdad con nadie.

El Informe Bachelet es una lavadora. Aquí no ha habido actos de guerra.

6. EL LENGUAJE IMPORTA
Es natural que la palabra “gobierno” esté presente 29 veces a lo largo de los 83 puntos que componen al informe, pero que menos de la mitad lo esté el vocablo oposición cuando por tantas veces se ha aludido al concepto “polarización” para describir la realidad venezolana, en cualquier otro contexto. Pero la generosidad de matices empleados también redunda en la intención de fondo.

Sobre todo en el gran quid del asunto. “La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva”, dice en el punto 25. Acentúa que son “sanciones sectoriales” mientras minimiza el impacto directo de las que no son dirigidas a ningún liderazgo, omitiendo el carácter progresivo del precedente, nublando, también, los otros factores anteriores a las sanciones del problema económico, que no sólo se limita a un problema exclusivo de gestión o corrupción, como autoconsoladoramente se ha esgrimido con demasiada facilidad en ciertos círculos de la opinión política.

Sentencias sin causas, como también ha sido costumbre en el abordaje de la cuestión venezolana, abundan. Los problemas en los sectores petroleros y distribución de alimentos “ya se venían manifestando antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”, pero ni la caída del petróleo de 2014 ni el sabotaje económico ni el boicot financiero de facto, ni el acaparamiento de alimentos como tácticas de desestabilización económica, ni un marcador artificial de divisas promovido del otro lado de la frontera, son siquiera elementos a tomar en cuenta.

No sin antes incluir, como parte de la solución, las palabras claves: “Hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”.

Sin embargo, se le debe conceder la rectificación, cuando modificó en una primera versión el uso gatillo alegre del concepto “crisis humanitaria” por el matiz “situación humanitaria”, restringiendo un poco la amplitud discursiva que en esa dirección no dejó de todas maneras de ostentar.

El lenguaje importa. Y sus límites también.

7. LAS COMPUERTAS DEL LAWFARE
Descartado entonces que el documento revisado no traerá solución alguna mientras que acentuará varios problemas, nos encontramos en el punto cui bono; el quién gana y acopia puntos redituales para su propia agenda. El informe:

• disminuye la fallida campaña pro-sanciones como algo beneficioso para la población venezolana (sostenido por los propios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos) transfiriendo sus consecuencias a un asunto exclusivamente de gobernabilidad;
• favorece al expediente de criminalización de la Revolución Bolivariana y sus alianzas en perfecta sintonía con el discurso de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana y avanza en la intención de procesar a su liderazgo en tribunales y fiscalías de Estados Unidos y “países aliados” como si fueran un asunto de justicia ordinaria, confiriéndole un rango de extraterritorialidad y capacidad de maniobra a otros países y grupos políticos atentando, aún más, contra la Carta de las Naciones Unidas, la legislación y el orden internacional;
• envalentona a los actores domésticos y foráneos a intensificar las múltiples campañas de violencia, desestabilización y demás expresiones de guerra híbrida, como el caso de la criminalización del programa vital impulsado por el chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que da pie a unas posibles sanciones para involucrarlo en el centro del bloqueo estadounidense en curso contra Venezuela;
• absuelve a criminales dentro y fuera del país, impunizándolos ante el Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra;
• pero también, en contrapartida, señala ese vacío que urgentemente tienen que llenar los países que defiendan la Carta de la ONU para revisar, reformar, caracterizar, tipificar y levantar jurisprudencia, estableciendo precedentes en contra de las acciones corporativas, estatales y no estatales y los nuevos mecanismos de acción/desestabilización/agresión, atacando la naturaleza misma y definición de lo que significa una guerra entrando en la segunda década del siglo XXI;
• revalorizando los nuevos elementos que pueden ponerle freno al descarrilamiento y la pérdida de control del actual momento de la globalización y el capitalismo mundializado, lo mismo sobre la responsabilidad contra la dignidad y los derechos esenciales de la humanidad, incluyendo el de una defensa digna.

8. NO, SEÑORA, SÍ ES GEOPOLÍTICO
“Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, dice Michelle Bachelet, y difícilmente alguien pudiera oponerse. Es, precisamente, lo que pudiera perfectamente decir una Venezuela que se defiende de agresiones multiformes y constantes.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, también afirma con tono engoladamente preocupado, por no decir cursi e hipócrita, la señora Bachelet.

Si algo es evidente es que sí se trata (por su administración y abusos hegemónicos) de geopolítica, de relaciones internacionales, porque todo eso está profundamente imbricado en los derechos humanos como globalidad, a los que todos tenemos derechos; y que es exactamente el descoyuntado, suicida, torpe y unipolar orden de esas cosas el que afecta todas esas esferas, y por lo tanto tiene consecuencias en el ejercicio y el disfrute de todos los derechos elementales y fundamentales, comenzando por las mujeres y niños por los que tanto se jacta de enfocarse dicho informe.

Con estas aclaratorias que oscurecen, lo dicho por la Alta Comisionada redondea el trabajo de blanqueo y relativización, lo mismo la oportunidad de restituirle algo de majestad a una oficina con semejante tarea, que no merece ese maltrato, ni simulaciones, cuando hay tantas vidas en juego.

Tanto las que defiende, como las que decidió no hacerlo.

http://misionverdad.com/La-Guerra-en-Venezuela/informe-bachelet

Oriana

Related Articles
Misión Verdad afirma que aprobación de Ley VERDAD busca socavar Gobierno de Venezuela mediante alianzas con ONG
Misión Verdad nuevamente culpabiliza a ONG venezolanas de instrumentalizar derechos humanos para criminalizar Gobierno de Venezuela en informe DDHH de la ONU
Misión Verdad señala que ingreso de Venezuela al Consejo DDHH de la ONU desmiente a las ONG

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *