El 25 de junio de 2017, en entrevista concedida al periodista José Vicente Rangel, la Rectora principal del CNE Tibisay Lucena, criminalizó y amenazó a Ong de DDHH  -sin mencionar- por emitir un comunicado donde participaron 44 ONG de DDHH, el cual enfatizó la responsabilidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -particularmente de sus rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tani D´Amelio- sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir del 01 de abril de 2017, fecha en la que se inició un ciclo de movilizaciones populares en rechazo, entre otras razones, a decisiones inconstitucionales aprobadas por este organismo.

Además se solicitaba: “Invitamos a los trabajadores del CNE a inhibirse de participar en la derogación arbitraria de la Constitución de 1999, y expresar de manera pública sus críticas al procedimiento impuesto, tal como lo ha hecho el rector Luis Emilio Rondón. La actuación de los trabajadores del CNE en la fraudulenta ANC los hará cómplices de violaciones de derechos humanos y del fortalecimiento del autoritarismo. El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece:“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

La rectora expresó en dicha entrevista: Min. 16:16

“Se ha llegado a la audacia tan grande Jóse Vicente y a aquí quiero ser muy firme con esto, que hay una ONg que “dice” que defiende los Derechos Humanos. “Dice” porque es una cosa muy absurda entonces comienza a amenazar a las trabajadoras y trabajadores del CNE. Amenazando José Vicente a los hombres y mujeres del Poder electoral que aquellos que participen, que trabajen que hagan su trabajo, van a pagar posteriormente, alguna cosa, loca que a ellos se le ocurre, y yo quiero ser muy firme con esto. Nosotros nos vamos a reservar las acciones, judiciales y penales que tiene que haber. Pero no vamos a permitir que impunemente se amenace a los trabajadores del poder electoral, por cumplir con su responsabilidad, por cumplir con su trabajo, no lo vamos a permitir”.